Comienza el juicio a Iberdrola por presunta manipulación del precio de la luz con otra baja en las acusaciones.
No abordaré temas de delitos. Sin embargo, ha ocurrido una evidente manipulación o acciones para alterar los precios de forma bastante descarada”. Así se expresó José Manuel Soria, Ministro de Industria en 2013 y miembro del Partido Popular, durante una entrevista con ABC el 21 de diciembre de 2013, al ser consultado sobre posibles irregularidades en el establecimiento de precios en el sector eléctrico. Esta situación se dio en un contexto de intensa ola de frío y dificultades económicas en los hogares españoles, exacerbadas por aumentos de impuestos y reducciones salariales, momento en el cual los precios mayoristas de la electricidad alcanzaron niveles inéditos en más de diez años.
Este aumento de precios había empezado a finales de noviembre, tras la confirmación de que el Gobierno no aportaría los 3.600 millones de euros necesarios para cubrir el déficit tarifario antes del 1 de enero siguiente. Esto coincidió con el periodo anterior a la subasta eléctrica que determinaría los precios para el próximo trimestre. La situación fue tan crítica que numerosas empresas siderúrgicas y cementeras detuvieron sus operaciones, total o parcialmente, debido a los elevados costos. Ante esta escalada, el Gobierno intervino a través de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), anulando una subasta que habría incrementado las tarifas en más del 11%, lo cual llevó a cambios en el sistema de fijación de precios.
Una década más tarde, Iberdrola Generación y cuatro exdirectivos se enfrentan a un juicio en la Audiencia Nacional acusados de cometer un delito contra el mercado y los consumidores. La Fiscalía Anticorrupción los acusa de crear y activar un “sistema” para elevar artificialmente los precios de la energía usando sus centrales hidroeléctricas, con el fin de aumentar los precios y perjudicar a los consumidores. Esta maniobra habría causado un daño superior a 107 millones de euros, afectando principalmente a los hogares. Por otro lado, reportó un beneficio de 21,2 millones de euros para Iberdrola.
La Fiscalía solicita para Iberdrola Generación una multa de casi 84,9 millones de euros, y para los directivos penas de dos años de prisión, inhabilitación y multas. Facua, representando a los consumidores, pide una multa aún mayor para la empresa y mayores penas de cárcel para los directivos implicados.
